La OMC ha presentado este martes un informe realizado junto a Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Públicas (Sespas) sobre  iatrogenia y seguridad del paciente, ámbito en el que ambas entidades llevan tiempo trabajando de forma conjunta. El informe, que ha contado con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), se ha centrado en Servicios de Urgencias hospitalarias y se basa en una muestra encuestada de 150 médicos de Urgencias, que representan aproximadamente al 10% de los urgenciólogos que están en la sociedad, por lo que la representatividad puede quedar en entredicho.

Más del 90% de los encuestados creen que la presión por posibles reclamaciones, litigios, denuncias o demandas ha afectado a su práctica mucho o bastante, alargando tiempos de estancia, pidiendo pruebas… Los autores hablan de un problema creciente. Los encuestados creen que los responsables de las instituciones sanitarias protegen poco a los profesionales, que se sienten indefensos y echan en falta el respaldo de las direcciones de los centros. El 54% de los participantes en la encuesta ha recibido alguna reclamación y el 24% alguna demanda o denuncia.

Serafín Romero, presidente de la OMC, ha hablado de posibles soluciones que afectan directamente al profesional y al sistema: “Debemos mejorar la formación del profesional sobre responsabilidad, con especialización y competencias”. Con respecto a la medicina defensiva, ha advertido: “Nos preocupa mucho: no es buena praxis, aumenta las indicaciones diagnósticas y terapéuticas y lleva a hacer de más o hacer de menos”.

La encuesta, respondida por médicos de hospitales públicos en un 91% de las respuestas y por clínicos de hospitales de más de 500 camas en un 35% de respuestas, refleja que son los urgenciólogos jóvenes quienes más parecen sufrir la presión de posibles denuncias. Un 92% de encuestados señalaron que alguna vez han recibido una reclamación, demanda o denuncia ligada a su ejercicio profesional..

Además, los clínicos admiten que carecen de formación sobre las posibles consecuencias que puede suponer la denuncia por parte de un paciente. Un 79% de urgenciólogos consideran que tienen poca formación al respuesta. Preguntados sobre si hay que potenciar la formación médico-legal, un 96% de los participantes en la encuesta respondieron afirmativamente.

Beatriz González, presidenta saliente de Sespas, ha añadido: “La iatrogenia es un problema de salud pública, no sólo clínico. El informe tiene recomendaciones de acción para prevenirla y hay más acciones en marcha. Hay que trabajar en la perspectiva deontológica en relación con la medicina defensiva, porque existe la creencia de que más es mejor, pero en sanidad no, no se traduce en mejor salud, a veces todo lo contrario”.

El autor principal del trabajo, Andreu Segura -expresidente de Sespas-, ha seguido por el mismo camino: “La prevención también puede ser negativa. La medicina defensiva quiere prevenir posibles reclamaciones, algo que puede ser entendible e incluso legítimo, pero deontológicamente es un problema y supone un conflicto de interés con el principal objetivo del médico, que es el beneficio del paciente”.

Fuente: Diario Médico