En los últimos meses, diversas organizaciones médicas andaluzas han denunciado la discriminación que supone privar a los médicos que ejercen en la sanidad privada del complemento de exclusividad. Incluso se ha presentado en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley para reconvertir este complemento y hacerlo extensivo a todos los trabajadores sanitarios. 

Esta es una vieja reivindicación del Sindicato Médico, que nunca ha sido atendida por la administración andaluza. No obstante, su vuelta a la actualidad a raíz de estas recientes campañas nos da la oportunidad de recordar nuestra posición sobre este tema, incidiendo de manera especial en los aspectos más técnicos y propiamente sindicales del mismo.

Muchos médicos desconocen el origen del complemento de exclusividad. Lo que ahora conocemos como tal procede del complemento específico (CE), que fue posteriormente dividido en dos complementos: el FRP, que recompensaba la Formación, Responsabilidad y Penosidad del puesto de trabajo, y el DI, que retribuía la Dedicación e Incompatibilidad. Esta división del complemento específico resulta controvertida por diversas razones.

La primera de ellas es que las cuantías de ambos complementos quedaron muy pronto desvinculadas de los conceptos subyacentes, pues se los usó para recoger aumentos salariales que no podían ser abonados por otras vías. Ciertamente, este uso espurio de estos complementos carece de justificación, pero no es el asunto que ahora nos interesa.

La división del Complemento Específico (CE) en FRP y DI fue acompañada de otras dos medidas polémicas que sí resultan aquí de interés. La primera fue que la mayor parte de la cuantía del CE se asignó al DI. La segunda, que este complemento se vinculó al concepto de exclusividad. El resultado fue que para cobrar el DI el médico debía trabajar en exclusividad para el SAS, algo que solo ocurre en Andalucía, Galicia y Asturias. Así, los médicos andaluces que trabajan en la sanidad privada además de en la pública cobran, por ese mero hecho, casi 800 euros menos que sus colegas que trabajan solo en la pública.

Este uso de los complementos retributivos solo puede obedecer a razones ideológicas. ¿Qué otra explicación podría tener, si no, que un médico que ejerce su profesión con la misma dedicación y calidad que un compañero, cobre menos que él por el mero hecho de trabajar en la privada por la tarde? Sin duda, la ideología ocupa un lugar demasiado relevante en la gestión de la sanidad andaluza. Así nos va.

Pero es que, además, este uso injustificable y sectario del complemento de exclusividad causa un perjuicio objetivo al sistema. Por una parte, lejos de motivar a quien lo percibe, desmotiva a quien se ve privado de él, que se siente injustamente castigado. Por otra, desincentiva la compatibilización del ejercicio privado y público de la medicina, algo que en sí mismo no solo no perjudica, sino que incluso puede beneficiar tanto al profesional como al sistema sanitario público. En especial en estos momentos de escasez de médicos en España, muchos profesionales que perciben importantes retribuciones en la privada permanecerían también en la pública de no ser por esta discriminación de la que son objeto. En los últimos años hemos visto marcharse de la sanidad pública, en muchos casos con verdadero dolor, a pediatras, traumatólogos o anestesistas, por citar solo algunos ejemplos, que ejercían en ella con dedicación y profesionalidad. Cabe preguntarse quién se ha beneficiado de este hecho: ¿Los pacientes, que sufren la falta de pediatras en los centros públicos? ¿Los profesionales de la sanidad pública, que deben hacer frente a la misma carga de trabajo con plantillas reducidas y deben prescindir de buenos compañeros, perfectamente cualificados? ¿Acaso los gestores, que cada vez tienen más dificultades para atraer a los médicos a los centros públicos?

Es importante comprender que el origen de la discriminación que sufren los médicos que ejercen en la sanidad privada no está en que les haya excluido del cobro de un nuevo complemento, sino que se les ha privado de una retribución a la que tenían derecho, algo que no siempre queda claro en las reivindicaciones realizadas por otros colectivos. La injusticia no puede paliarse dejando de abonar el “complemento de exclusividad”, sino volviendo a vincularlo a los conceptos que le dieron origen, esto es, la dedicación e incompatibilidad inherentes al trabajo en la sanidad pública, y no al trabajo exclusivo en la misma. Este complemento, en definitiva, debe ser abonado a todos los facultativos del SAS. Nadie perderá con esta medida, salvo quienes conciben las instituciones públicas como instrumento al servicio de sus prejuicios ideológicos.  

Comité Ejecutivo SMA