La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado – y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido el logro más importante en la lucha contra este problema, pero es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2015 se han producido el 14% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos.
Por ello, desde el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA.
El hecho de que este año ya se haya fallado sentencia sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, responsabilizando a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención, es otro paso importante para luchar contra la violencia en el ámbito sanitario.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 2.419 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los cinco últimos años, según los datos del Observatorio. De los 361 casos de violencia que se contabilizaron en 2015, el 32% de ellos acabó con lesiones, casi el doble que el año anterior (18%).
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.
El Observatorio Nacional de Agresiones recoge las comunicaciones recibidas en los Colegios de Médicos de agresiones a médicos. Con estas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. Este Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la violencia en el ámbito sanitario.
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial. El objetivo ahora es que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA y así evitar que sean consideradas delito, en unos casos, y falta, en otros.
Otra de las medidas de prevención puestas en marcha por la corporación médica ha sido el Curso de Prevención y Abordaje de las Agresiones, de la Fundación para la Formación de la OMC, que ya ha contado con dos ediciones y ahora proyecta una tercera. Con él, se pretende formar a los profesionales y darles pautas de actuación para enfrentarse a este tipo de situaciones que repercuten en la vida personal, profesional y, en muchas ocasiones, en la propia salud del médico.
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los doctores Juan José Rodríguez Sendín, Serafín Romero y Juan Manuel Garrote, presidente, vicepresidente y secretario general de la OMC, respectivamente, y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, han hecho públicos estos datos.
Datos 2015 Estudio Agresiones
Los datos de violencia registrados en 2015 ascienden a 361 casos frente a los 344 del año anterior, lo que supone un incremento del 4,94%.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciada en los colegios han sido Madrid (77), Andalucía (66) y Valencia (50), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura y Ceuta.
Del estudio, se desprende un porcentaje similar de agresiones según sexo: el 50,4% de los agredidos son mujeres y el 49,6% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 86% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 14%, experimentando este último un ligero aumento respecto al año anterior (13%).
Y, por sexo, en el sector público, el 51,3% de los agredidos son mujeres y el 48,7% hombres y, en el sector privado, el 55,1% fueron hombres y el 44,9% mujeres.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (50%), frente a la Hospitalaria (32%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 11% y un 8% cada una de ellas.
De los agresores, el 39% son pacientes programados, es decir, con cita previa; el 31% son familiares y el 27% pacientes no programados.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 36% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por discrepancias personales; el 14% por el tiempo en ser atendido; el 11% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 5% por informes no acordes a sus exigencias; el 4% por el mal funcionamiento del centro; el 3% en relación a la incapacidad laboral, y el 12% por otras causas.
Del total de agresiones, en el 32% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 55% fueron físicas y el 45%, psíquicas y el 15,5% conllevaron baja laboral, que aumentó desde el 12% del año anterior.
En 2015, desde el Observatorio se analizaron 64 sentencias, de las cuales, el 41% de las agresiones fueron condenatorias; el 22% absolutorias y en el 3% de los casos, se llegaron a acuerdos.
Con la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015, que considera actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo, se han fallado 18 sentencias como delito de atentado contra la autoridad; 29 fueron falladas como delitos leves; 5 como delitos graves y el resto como falta por lesiones, amenazas, maltrato o falta de orden público.
De todas ellas, a 16 se ha impuesto prisión y 17 conllevaron privación y derecho de inhabilitación; 8 se han fallado con medidas de seguridad y la mayor parte, 37, con multas, en la mayoría de los casos, de una cuantía insignificante. El análisis de estas sentencias muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones por lo que el Observatorio trabaja para que se unifique la tipificación judicial en todas las CC.AA.
Manifiesto
Como cada año, el Observatorio de Agresiones ha hecho público un Manifiesto en el que hacen un llamamiento a todos los agentes intervinientes para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.
El Observatorio Nacional de Agresiones está formado por los doctores: Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General; José Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz y coordinador del Observatorio de Agresiones; Manuel Muñoz García de la Pastora, vicepresidente COM Ávila, y los secretarios de los Colegios de Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Montero; Cádiz, Gaspar Garrote; Zamora, Luis Alfonso Pérez, y Ciudad Real, Luis M. Casero.
