Los juzgados de la provincia de Sevilla dictaron el año pasado un total de 86 sentencias condenatorias relacionadas con agresiones sufridas por profesionales de la sanidad, diez resoluciones judiciales más que en 2013.

En los casos de condena por delito de atentado —tres sentencias registradas en Sevilla de este tipo en 2014— se establece una media de 6 meses de prisión por delito de atentado y de tres a seis meses por lesiones. En estos casos, los dos delitos, lesiones y atentado a funcionario, suelen ir unidos. Además, las condenas suelen establecer la inhabilitación para sufragio pasivo del condenado, el pago de costas —unos 300 euros de media— e indemnización al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la asistencia sanitaria requerida por el profesional agredido.

En las situaciones de mayor gravedad o cuando se produce reiteración, los jueces suelen dictar también órdenes de alejamiento.

En los delitos leves por amenazas verbales se establecen multas de 4 a 6 euros al día durante un periodo de entre 10 y 20 días normalmente, aunque las condenas se establecen a criterio de cada juez. En este caso, si los condenados no pagan la multa durante dos días, este incumplimiento conlleva una condena de un día de prisión.

En 2014 se denunciaron un total de 146 ataques a médicos, enfermeros, celadores y administrativos de centros de salud y hospitales sevillanos. De estas agresiones a funcionarios o personal laboral, 121 fueron verbales o insultos y 25 físicas, un 20% menos que el año anterior, cuando se contabilizaron 183 ataques a facultativos, según datos facilitados por la Consejería de Salud.

Desde 2011, las agresiones físicas y no físicas en el ámbito sanitario se han reducido un 43%. Entonces se contabilizaron un total de 257 y los ataques han ido disminuyendo progresivamente con los años. Así, en 2012 se registraron 12 agresiones menos, hasta bajar a las 245.

En julio entró en vigor la reforma del Código Penal que reconoce las agresiones a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud como delito de atentado contra la autoridad. En concreto, se introdujo una enmienda al artículo 550, que regula el delito de atentado para considerar como tales los cometidos contra docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Este tipo de atentado serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si la agresión fuera contra la autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

Aunque el Sindicato de Enfermería, Satse valora esta medida de manera «muy positiva», considera, no obstante, «que aún presentaresquicios, como es que dicha modificación de la normativa no contemple a los trabajadores laborales, sino únicamente al funcionario». Además, Satse demanda una norma específica que proteja a los profesionales de conductas como las amenazas o las coacciones, que no están tipificadas penalmente.

«Tapones en Urgencias»

Entre las medidas de seguridad con las que cuentan los centros sanitarios de Sevilla se encuentran 1.327 unidades de software antipánico, 1.704 teléfonos directos de seguridad, 778 salidas alternativas, 371 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos, preservando la intimidad en todo momento de los pacientes y profesionales o medio millar de timbres antipánico en consultas.

Estos dispositivos siguen siendo insuficientes para el Sindicato de Médico de Sevilla. Su presidente, Antonio Gutiérrez, reivindica la contratación de más personal de vigilancia en los centros sanitarios, sobre todo en los ambulatorios más conflictivos de la ciudad como Pino Montano B, Torreblanca y Polígono Sur. Según denuncia, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo provoca «retrasos en la asistencia y tapones, sobre todo en Urgencias, y hay usuarios que reaccionan de forma violenta contra los profesionales, que también sufren las deficiencias del sistema de salud».

Fuente: ABC