No vamos a desgranar aquí los “suculentos” contenidos de estos capítulos III, IV y V; sería demasiado tedioso y volveríamos a consideraciones similares a las hechas en artículos anteriores. 

Pero sí creemos oportuno hacer una reflexión global sobre esta forma de legislación que nos parece ineficaz y basada en ridículos algoritmos del tipo <<Que pensamos que hay que elevar el estado de salud y bienestar de los andaluces y asegurar la financiación suficiente para ello, pues no hay problema: legislamos que es obligatorio por ley cumplir lo expuesto y ya está, problema resuelto>>. 

A partir de ahí, si aparece una persona con un problema de salud no resuelto solo hay dos posibilidades: puede que esa persona no haya cumplido los trámites administrativos obligados para el acceso a determinados derechos y prestaciones (será pues su culpa) o puede que los profesionales no hayan sabido resolver el problema con el presupuesto y los medios de que disponen (será pues culpa de los profesionales).

Que suerte tenemos de vivir en una comunidad tan progresista y con la mente tan preclara. Hay por ahí países que se empeñan en formar a los directivos y gestores de los sistemas de salud para que estén cualificados y sean efectivos en su labor, pero seguramente lo harán porque aún no han aprendido que es mucho más fácil. Basta con colocar en los puestos directivos a personas del perfil político  adecuado estén o no capacitados y luego promulgar una ley que haga obligatorio un determinado nivel de salud.

Y la prueba irrefutable de la preclaridad mental de nuestros gobernantes, lo que demuestra que Andalucía está a la cabeza de la gestión pública, que representa la vanguardia de las políticas eficaces es la siguiente. “Después de más de 20 años de autonomía y competencias transferidas hemos pasado de estar entre las comunidades más desfavorecidas y con menor nivel de vida a situarnos  …entre las comunidades más desfavorecidas y con menor nivel de vida”. 

Pero esto, seguramente, se acabará pronto. Nuestros dirigentes han encontrado el camino infalible. Cualquier día convocan un Consejo de Gobierno extraordinario y “fabrican” una ley que obligue a la comunidad andaluza y a los andaluces a dejar de ser los desfavorecidos y a elevar su nivel de vida. Y ya está, se irán a sus casas tan tranquilos, a disfrutar de sus prebendas como parlamentarios, a ocultarse tras su aforamiento y todo el problema estará resuelto. Porque lo que está claro es que si a partir de ahí, existe algún andaluz con un nivel de vida más bajo de lo legislado, la culpa será suya o del pobre funcionario de turno.

Una última consideración importante: Después de muchos años sin normativa legal que sustentara las Unidades de Gestión Clínica Hospitalarias, ni legislación alguna sobre las intercentros o interniveles, después de que varios borradores fueran rechazados unánimemente por todas la fuerzas sindicales y sociales, aparece subrepticiamente en este anteproyecto, camuflada en el artículo 25 del Capítulo de Sostenibilidad Social, una normativa de dichas UGC que las regula y les concede validez legal.

Si no fuera porque no nos gusta ser malpensados, creeríamos que toda esta vacua e insustancial ley no es más que una trampa para conseguir imponer “de tapadillo” lo que no fueron capaces de sacar adelante en las negociaciones. 

Comité Ejecutivo SMA.

Fuente: SMA