Del titular de esta mañana en la web del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que decía:  

Marcha atrás de la Junta de Andalucía en la reforma de la jornada laboral de los sindicatos y trabajadores de la administración que suponía que trabajaran 2,5 horas semanales desde casa. Esta decisión, forzada por el consejo de los servicios jurídicos de la propia Junta se produce el mismo día que el Consejo de Gobierno tenía que aprobar la reforma, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibía la instauración de las 35 horas semanales de la administración, como aprobó el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía.

La presidenta de la Junta se ha visto forzada a este frenazo de última hora, que de hecho ya había pactado con los sindicatos y que esperaba anunciar este mismo martes. La clave de la cuestión está en que la Junta no tiene la seguridad de que pueda controlar el trabajo de 2,5 horas semanales desde casa que proponía en su respuesta a la sentencia del TC. Y, por eso, prefiere esperar para aplicar el acuerdo.

El cambio no es baladí. Supone que el Gobierno de Susana Díaz ha preferido quedar mal con los sindicatos de la Mesa de Función Pública, a los que había prometido esta medida, que tener en contra de nuevo al Constitucional, tribunal que ya le ha tirado de las orejas el Ejecutivo de Díaz por el decreto de las 35 horas.

Así las cosas, quedan en el aire por el momento los 7.000 puestos de trabajo en la administración andaluza que dependían, según la Junta, de la aplicación de las 35 horas. También quedan pendientes los acuerdos con los sindicatos, que ya daban por hecho que no habría recortes en las plantillas. Y, todo esto, cuando de fondo se está negociando en Madrid y Sevilla las ofertas de empleo público de este año y los siguientes, que se suman a las ofertas de empleo extraordinaria para reducir la temporalidad.

Así, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Juan Carlos Blanco, ha explicado que el Consejo ha tomado en conocimiento el acuerdo, pero ha instado a las partes a concretar un plan de seguimiento de la jornada laboral, que, según el acuerdo, serán 35 serán presenciales y 2,5 horas no presenciales que se dedicarán a formación y preparación de tareas.

Blanco ha precisado que el Gobierno andaluz hace esta petición de informe de seguimiento para dar seguridad jurídica a los acuerdos, extremo del que no están convencidos tras el frenazo a la medida. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Susana Díaz se muestran convencidos de que aprobarán esta medida en «cuestión de días».

El sindicato CCOO en Andalucía ha afeado este martes «la improvisación» de la Junta de Andalucía al no ratificar el Consejo de Gobierno andaluz el acuerdo, mientras que UGT-A ha señalado que el aplazamiento de «una semana» para su convalidación es preferible para «evitar desconfianzas» sobre el cumplimiento de las dos horas y media no presenciales.

Así, el secretario general de FSC CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha criticado que, «habiendo avisado de que faltaba el detalle de cómo se demuestra que el empleado público trabaja esas dos horas y media de más no presenciales», la Consejería de Hacienda y Administración Pública no les dijeran que iban finalmente a incluir un procedimiento de seguimiento de la jornada y, por tanto, aplazar su convalidación.

«Bien nos lo podían haber dicho ayer. Me parece una cosa rarísima cuando ayer tenían mucha prisa», ha indicado De la Cruz, quien ha considerado «lógico» que se establezca un control de la jornada. «Nos parece bien que esa media hora diaria no sea presencial, pero hay que controlarla», ha explicado.

Por su parte, el secretario general de FeSP UGT-A, Antonio Tirado, ha considerado que aplazar «una semana» la ratificación de este acuerdo para incluir una matización sobre el control de la jornada de los empleados públicos es necesario para que «no haya malentendidos ni desconfianzas» en su cumplimiento.

«El acuerdo sigue igual, solo que van a incluir el control horario de las dos horas y media», ha apuntado Tirado, quien ha insistido en que «muchos empleados públicos echan hasta 40 horas a la semana».

Fuente: ABC Sevilla