Madrid, 13 de febrero de 2025

La práctica totalidad de las organizaciones que representamos a las y los profesionales médicos y facultativos de España nos hemos puesto de acuerdo en plantear al Ministerio de Sanidad la opinión que nos merece la situación actual y futura del colectivo médico en nuestro país al hilo de la propuesta de negociación del nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias.

Lo cierto es que esa propuesta va mucho más allá de la redacción de un articulado. Va, fundamentalmente, de cómo consideramos al personal médico en nuestra sociedad; la sociedad que hace cuatro años aplaudía a rabiar cada día el sacrificio (incluso en vidas) que médicos y sanitarios hacían durante la pandemia de la COVID19.

Una sociedad que ha conseguido mantener un sistema sanitario universal y de altísima calidad, debido en buena parte al esfuerzo del personal sanitario y a la entrega (llamada vocación) de sus médicos. Esta sociedad, a menudo se muestra impasible ante las especiales condiciones en que los médicos tienen que ejercer su labor cada día, a veces en situaciones muy penosas, haciendo guardias de 24, 36 e incluso 48 horas seguidas con una alta exigencia de responsabilidad vital; que se pagan muy por debajo del precio de la hora ordinaria, y para las que no se respetan los topes acumulados que tiene cualquier otro trabajador. No podemos seguir ignorando que la cuarta economía de la UE mantenga retribuciones a sus profesionales médicos y titulados superiores como si fuera la cuarta economía por la cola.

Por esto, y por más razones, la profesión médica en España ha llegado a una encrucijada. La sociedad española debe decidir entre dos opciones: o considera a los médicos meros trabajadores o los considera profesionales de alta cualificación con unas características y peculiaridades que exigen un tratamiento diferenciado para mantener unas condiciones de Salud óptimas en el conjunto de la sociedad. 

Es imperativo que se legisle, en base a estas especiales condiciones de nuestro ejercicio, una regulación específica. En ella debe figurar en primer término el reconocimiento a tener nuestro propio ámbito de negociación con las administraciones estatal y autonómica, y en segundo lugar el establecimiento de unos límites razonables a nuestras cargas de trabajo y a las situaciones de excepcionalidad, a unos descansos y compensaciones proporcionados a esta carga laboral, y a unas retribuciones acordes a la responsabilidad y a la alta cualificación necesaria. 

Y no se nos puede decir que es material o legalmente imposible, porque ese es el argumento utilizado cuando no se quieren poner, de entrada, los medios para conseguirlo. Es del todo posible, puesto que jueces y fiscales disponen de su propio marco estatutario y -aún más llamativo, si cabe-, porque este Gobierno está a punto de aprobar el Estatuto Marco del Becario.

Por tanto, el problema no es si es posible o no legislar esa regulación específica. Lo que hay que preguntarse es si se tiene la voluntad política de hacerlo o no, y zanjar definitivamente la cuestión de la minoración constante y progresiva de los derechos de la profesión médica. 

Es hora de reclamar un estatuto propio que recoja nuestras especiales características laborales; una mejor regulación de la jornada laboral que no nos discrimine negativamente ni nos fuerce a colgar la bata; un régimen de incompatibilidades que no nos penalice ni retenga el talento a base de imposición; una clasificación profesional coherente con los requisitos de formación y responsabilidad de la profesión. 

El colectivo de profesionales médicos y facultativos NO está dispuesto a seguir como hasta ahora. Es la hora del cambio y haremos todo lo que sea necesario para conseguirlo.