Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC) y Sindicato Médico de Euskadi (SME) se han reunido este viernes con la ministra de Sanidad, Mónica García. El encuentro, solicitado por las tres organizaciones el pasado 2 de abril, se enmarca en la voluntad de estos sindicatos para que la administración sanitaria “dé respuesta y ofrezca soluciones” a algunas de las problemáticas “apremiantes” que afectan al personal facultativo y son competencia del propio Ministerio de Sanidad. Los sindicatos han valorado positivamente la receptividad de García a sus demandas que, como mínimo, «son representativas del 50% de los facultativos del Estado».

Los responsables sindicales han situado sobre la mesa tres aspectos concretos relacionados con el ejercicio de la profesión médica, sobre los que Sanidad podría incidir con actuaciones que “reforzarían el liderazgo, el bienestar y el futuro de los facultativos del Sistema Nacional de Salud” (SNS).
En primer lugar, han reiterado su petición para que se inicien los trámites necesarios para la creación del grupo profesional A1+ como categoría de referencia del personal facultativo que reconozca la singularidad de una profesión que “requiere más de una década de formación y una actualización continua de conocimientos, con un desarrollo laboral constantemente sometido a riesgos profesionales y jurídicos, y con unas competencias específicas”. Esta nueva clasificación, además, debería actuar como reconocimiento implícito de la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas de las facultativas y facultativos “para que el sistema público de salud sea atractivo y competitivo para las nuevas generaciones, recuperando la capacidad de retención del talento médico que se forma en nuestro país”.

En segundo lugar, MC, SME y SMA han manifestado a la ministra García su demanda de «poner orden» a la delegación de competencias médicas al personal de enfermería. Esta medida, al alza en el conjunto del SNS, se toma como “solución efectista” frente al déficit de personal facultativo que sufren todos los niveles asistenciales. Sin embargo, las tres organizaciones cuestionan el encaje jurídico de estas prácticas teniendo en cuenta la relación de funciones y competencias que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). «El conocimiento médico es insustituible, como bien sabe la ministra por su propia condición de anestesióloga, ya que, sin ir más lejos, la delegación de funciones también afecta a los procedimientos de sedación», han remarcado.

Así, atribuciones como el diagnóstico o la prescripción de fármacos para el tratamiento de patologías son “actos médicos para los que sólo están formados y capacitados los médicos”. En este sentido, han recordado a García que la transferencia de éstas y otras competencias a profesionales no cualificados comporta un triple riesgo: para los pacientes, a quienes se expone ante posibles errores, contraindicaciones o negligencias; para el personal facultativo, que muy a menudo debe validar actuaciones que no ha realizado ni supervisado; y para las propias enfermeras, que no tienen la cobertura legal para llevar a cabo dichas actuaciones. Por todo ello, han pedido que se refuerce el blindaje de competencias que debe asumir cada colectivo profesional según la normativa vigente.

Por último, los representantes sindicales hemos solicitado a la Ministra de Sanidad la recuperación de la retribución íntegra de la paga extra, recortada en 2010 como consecuencia de la crisis económica, así como las reformas legales necesarias para que el tiempo trabajado en concepto de guardia sea computado como tiempo de cotización de cara a la jubilación. Igualmente, hemos solicitado la inclusión de los facultativos entre los profesionales con derecho a jubilación voluntaria anticipada, por medio de la aplicación de un factor de corrección al tiempo mínimo de cotización vinculado a la penosidad y el riesgo asociado a nuestras condiciones de trabajo.
También hemos podido trasladar a la Ministra la necesidad de dar una solución específica a la homologación del título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias en Andalucía, dada la dificultad que plantea el hecho de que el SAS carezca de una categoría profesional con esa denominación.

Los tres sindicatos han definido el encuentro como “constructivo” y han destacado el “profundo conocimiento” de García respecto de las problemáticas que afectan al colectivo médico y, en este sentido, han alcanzado dos compromisos. Por un lado, mantener abierta la vía de diálogo, de manera que esta sea la primera de más reuniones, y, por otro, el compromiso de que las legislaciones que afecten al ejercicio de la profesión médica y a la prestación de los servicios asistenciales cuenten siempre con la opinión y las aportaciones de los representantes de los facultativos.

Los tres sindicatos y la ministra García han acordado mantener abierta la vía de diálogo y se han emplazado a futuras reuniones para seguir avanzando en la definición de medidas orientadas a la mejora del SNS a través del respeto y reconocimiento de los profesionales que hacen posible un servicio público de salud sin parangón en el mundo.