Cuando comenzó la pandemia por el coronavirus, estaba en marcha una negociación entre los sindicatos y la Administración dirigida a mejorar las condiciones de los trabajadores del SAS. En ella se debían abordar importantes reivindicaciones de nuestro colectivo que llevan años siendo ignoradas, entre las que podemos destacar las siguientes: 

• La equiparación salarial de los facultativos andaluces con el resto de España; 

• La mejora de la Atención Primaria, con más inversiones, menos burocracia y la implantación de la continuidad asistencial; 

• El fin de la discriminación de la exclusiva; 

• El paso del CRP a la masa salarial fija; 

• El ajuste de las plantillas; 

• La reorganización de las urgencias intra y extrahospitalarias; 

• La adopción de medidas efectivas para la prevención de las agresiones; 

• La reforma del procedimiento de acceso a la carrera profesional, para simplificarlo y desvincularlo de la acreditación de competencias o, para terminar, 

• La incorporación de las Agencias Públicas al SAS en condiciones que respeten los derechos de todos los afectados.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no solo ha detenido esta negociación, si no que ha supuesto para nuestro colectivo una nueva y humillante relación de agravios, que van desde la falta de equipos de protección individual hasta los recortes retributivos realizados por la vía de suprimir de manera generalizada y arbitraria el abono de continuidades asistenciales. En otros países y, dentro del nuestro, en otras comunidades autónomas, las autoridades se han apresurado a reconocer y premiar el esfuerzo de los profesionales sanitarios por medio de retribuciones salariales extraordinarias. En lugar de ello, en Andalucía se ha pretendido engañar a la opinión pública haciendo pasar por incentivo extraordinario a los profesionales el abono adelantado del 35% del CRP. Ni siquiera el 50%. En lugar de reconocimiento, un insulto.

Desde el SMA solicitamos en su momento a la Administración medidas que recompensaran el esfuerzo realizado: 

• Días adicionales de libre disposición; 

• Autorización de las reducciones de jornada de hasta el 50%; 

• Medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida familiar ylaboral; 

• Posibilidad de disfrutar las vacaciones en tres periodos; 

• Una paga extra y el abono del 80% del CRP de 2019 y el 100% del 2020; 

• Reiteración de nuestras reivindicaciones salariales; 

• Contratación de los EIR que acaban de finalizar su periodo de formación y, por último,

• Reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional.

Pues bien, de todas estas reivindicaciones, solo las dos últimas han sido atendidas, aunque de forma francamente mejorable. La contratación de los nuevos especialistas se ha llevado a cabo de forma apresurada, saltándose en muchos casos a los candidatos de bolsa. En cuanto al reconocimiento de la Covid-19 como accidente de trabajo, las instrucciones dictadas al respecto por la Dirección General de Personal sugieren que los compañeros infectados en los primeros días podrían quedar excluidos, algo absurdo e intolerable. Del resto de nuestras peticiones, muchas de las cuales no conllevan gasto alguno, seguimos sin respuesta. Esta Administración, que en público se ha deshecho en halagos hacia nuestro colectivo, en privado nos ha ignorado. 

A lo anterior se suman las amenazas que ya empezamos a atisbar en los programas de desescalada. La teleasistencia no puede ser aplicada de forma precipitada y sin garantías para reemplazar las imprescindibles inversiones en sanidad, en especial en Atención Primaria.  Aunque puede tener un lugar en la asistencia a la población, necesita un marco normativo y una validación científica que ofrezca seguridad a pacientes y facultativos y proteja los derechos de ambos colectivos. Las listas de espera en consultas e intervenciones quirúrgicas requieren inversiones y no, como empezamos a ver, medidas dirigidas a exprimir aún más a los profesionales. No podemos aceptar la implantación caótica y subrepticia de la turnicidad, asociada a los recortes en las continuidades asistenciales. Ese no es el modo de incentivar a unos profesionales hartos de soportar maltratos, sino una forma de forzarlos a marcharse del sistema sanitario público.

En resumen, a nuestras carencias crónicas ha venido a sumarse el duro golpe de la pandemia y las amenazas de una desescalada desordenada y mal financiada. La actual Administración no solo no ha atendido ninguna de nuestras peticiones, sino que ni siquiera nos escucha. En este momento, no existe el mínimo cauce de comunicación necesario para negociar las mejoras que necesitamos de manera urgente. Por eso, desde el SMA hemos remitido al Consejero de Salud la solicitud de reunión en la que trasladarle directamente nuestras demandas. Confiamos en obtener por su parte el compromiso de que serán atendidas de manera urgente. De no ser así, el SMA convocará movilizaciones de intensidad creciente que podrían empezar este mismo mes para intensificarse el próximo otoño. Esto no es una amenaza, es solo que NO AGUANTAMOS MÁS.

Comité Ejecutivo SMA