El anuncio de que el Gobierno central levantaría la mano con la tasa de reposición y podrían convocarse ofertas públicas de empleo (OPE) masivas para hacer frente a la temporalidad de los servicios públicos fue recibido con esperanza y cierta inquietud a la vez.

Alegría por parte de quienes estaban esperando una oportunidad para conseguir una plaza de funcionario y la tan ansiada seguridad laboral que eso implica; preocupación por parte de veteranos que llevan años encadenando contratos temporales y que temen que por culpa de un examen se queden en la calle.

Ésta es la polémica que rodea la disputa judicial entre la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), por una parte, y el Gobierno y los principales sindicatos de clase (CCOO, UGT y CSI-F) por las bases del acuerdo sobre estabilidad del empleo, rubricado en marzo de 2017, cuando el PP aún estaba en el poder. Es el pacto base para la macro OPE de Sanidad, además de las que se negocian en otros ámbitos.

De momento, la Audiencia Nacional ha rechazado tomar medidas cautelares, por lo que  las oposiciones seguirán adelante hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

El acuerdo firmado habla de sacar a procesos selectivos el 90 por ciento de las plazas que llevaran desde hace al menos tres años (según los PGE, donde se plasmaron las bases del acuerdo, desde el 31 de diciembre de 2013) cubiertas por personal temporal. Pero nada dice de dar o no ventaja a ese personal que lleva años dando servicios a la Administración cubriendo vacantes. Plazas que no se sacaban a oposición por el veto del Gobierno, lo que ANIL considera una práctica fraudulenta.

«No digo que esas plazas no tengan que salir a concurso-oposición. Pero sí que tenga en cuenta, por una parte, a la gente con poca experiencia, primando la oposición, y a la gente que tiene mucha experiencia, prímele los méritos», defiende Manuel Martos, abogado y presidente de ANIL, para explicar por qué considera que hay una situación de desigualdad que justificaría una discriminación positiva.

Tampoco entiende que no se puedan sacar «todas las plazas cubiertas por personal temporal», que defiende que es el deber de la Administración, en lugar de sólo una parte. Para él, el acuerdo es «un ERE encubierto».

La asociación también alega un defecto de forma: Cristóbal Montoro, entonces Ministro de Hacienda, debería haber tenido algún tipo de autorización para llegar a este acuerdo en nombre del Consejo de Ministros. Martos argumenta que, cuando recibió de la Audiencia el expediente informativo por la demanda, la única documentación que le remitieron «fue el propio acuerdo en sí y pantallazos del correo electrónico para citar a las partes a la reunión de negociación». O sea, no habría ninguna acta ni informe jurídico o económico de la medida.

A pesar de la denuncia de ANIL, los sindicatos firmantes aseguran a DM que están tranquilos respecto al futuro de las oposiciones. Por ejemplo, la asesoría jurídica de UGT asegura que «la demanda carece de un mínimo de fundamentación jurídica que pueda llevar a pensar que se estimará. En el relato fáctico no se ataca el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público como tal, sino el aspecto formal de autorizaciones y publicación».

Además, apuntan que ANIL incide en la vulneración de la igualdad «curiosamente por la igualdad de trato del interino con el resto de los ciudadanos en el acceso, en la necesidad de superar unas pruebas donde se le puntúan los servicios prestados en la fase de concurso».

¿Se puede proceder a esta discriminación positiva que defiende Martos? Los sindicatos creen que habría supuesto problemas legales. Raúl Olmos, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, apunta que tanto sindicatos como el Gobierno descartaron que se pudiera utilizar sólo el concurso de méritos amparándose en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). «Es una medida excepcional, y ya el Constitucional, cuando tuvo que pronunciarse sobre las oposiciones de Sanidad de los años 90, las validó sólo porque entendía que se iban a realizar una sola vez, de forma justificada por la transferencia de competencias».

Asegura además que la jurisprudencia ha señalado quela fase de concurso no puede ser eliminatoria, sólo la fase de oposición. «Otra cosa es que el concurso fuera primero, que sí es posible», reconoce, pero la oposición suele aplicarse primero para facilitar la ejecución de la OPE.

Según el EBEP, la valoración de los méritos sólo podrá tener «una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso «, por lo que queda descartado que tenga más peso que la oposición. Otra cosa, dice el vicepresidente de CSI-F, Francisco Iglesias, «es que las pruebas de oposición sean más o menos prácticas«, aunque esto depende de la negociación en cada ámbito.

Gabriel Del Pozo, vicesecretario de CESM -sindicato no incluido en el acuerdo al no tener representación en la mesa de función pública- apunta que le parece difícil diseñar un proceso selectivo en el que se aplique ad hoc según el candidato un peso de los méritos u otro. «Sólo lo veo posible haciendo convocatorias separadas». En cuanto al peso de los méritos respecto a la oposición, asegura que hay antecedentes de una proporción del 50 por ciento para el concurso «y eso es lo que se está negociando en varias comunidades, entre ellas Madrid».

En cuanto al defecto formal que alega ANIL, tanto CCOO como CSI-F ponen en duda que tenga una relevancia real. «Cualquier error formal del acuerdo queda enmendado al ser tramitado como ley, dado que se incluyó en los presupuestos. Hay incluso detalles del acuerdo que han cambiado con la tramitación», señala Iglesias.

El vicepresidente de CSI-F apunta que la demanda de ANIL “se basa en que, en un futuro, los tribunales dicten que ha habido un abuso de la contratación y se declare a funcionarios como indefinidos no fijos. Los tribunales no se han pronunciado al respecto, porque esa figura sólo se contempla para el laboral; en funcionarios se equipara al interino”. En esencia, cree que el acuerdo es el mejor posible “dada la legalidad vigente”.

Fuente: Diario Médico