Que en Andalucía y en este país faltan médicos de todas las especialidades y principalmente en Atención Primaria es una verdad incontestable. Desde mucho antes de la pandemia nuestra organización viene advirtiendo de la gravedad de la situación que empeora cada año sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas realmente eficaces al respecto. 

Es cierto que este es un problema nacional que afecta a todas las comunidades sin distinción y que por tanto el principal actor que debiera tomar medidas es el gobierno central pero también es cierto que esta situación ha provocado una guerra entre comunidades que intentan captar médicos a costa de dejar sin efectivos a comunidades vecinas. 

Se trata por tanto de una responsabilidad compartida, pero este hecho, lejos de disculpar a ambas administraciones, pone de manifiesto su incapacidad para llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos y deja en evidencia que sus intereses políticos priman sobre los beneficios de la ciudadanía.

En cualquier caso y sea de quien sea la responsabilidad o corresponda a quien corresponda las medidas correctoras, el hecho es que una vez más van a quedar plazas sin cubrir en Andalucía para este verano. Y esto supondrá que muchos médicos tendrán que atender en el mismo horario al doble de pacientes o que algunos centros de salud no puedan abrir por las tardes, sin olvidar los retrasos en las listas de espera para consulta en atención especializada, intervenciones quirúrgicas o pruebas complementarias.

De los 18.000 contratos ofertados para el verano en Andalucía, solo 1.300 son para médicos y muchos de estos contratos quedarán vacantes como viene ocurriendo desde hace años. Esperemos al menos que la posibilidad voluntaria de prolongar la jornada en concepto de continuidad asistencial sea ofertada en todos los centros y a todos los facultativos para de esta forma aumentar la oferta asistencial. Hay que revisar también los incentivos para las Zonas de Difícil Cobertura, es evidente que o se añaden mejoras económicas interesantes o seguiremos sin poder cubrir esas zonas.

Tanto el estado español como las distintas comunidades autónomas llevan años invirtiendo millones de euros en formar médicos altamente cualificados mediante el sistema MIR, de los cuales un porcentaje pequeño, pero no despreciable acaba migrando a otros países de la zona euro que ofrecen mejores condiciones laborales retributivas o se marchan a sus países de origen (España ofrece un nada despreciable porcentaje de plazas para licenciados extracomunitarios) o simplemente optan por trabajar en el ámbito privado. Mientras tanto nuestra comunidad se llena de médicos extracomunitarios que han sido formados con unos estándares muy distintos a los que imperan en la comunidad europea. No es comprensible que cada verano se contrate a médicos licenciados que aún no han realizado el MIR en lugar de aumentar las plazas para que cada año salgan más médicos con su formación de especialistas completada. Hay también que revisar el acceso al MIR para que no queden plazas vacantes como ha ocurrido en estos últimos años. Todos los licenciados en Medicina han demostrado de sobra su cualificación y se les debe dar opción a cubrir una de esas plazas antes que dejarlas vacantes.

Ya no sabemos a quién acudir, a que Administración dirigir nuestras quejas y peticiones ni cómo hacer resonar nuestra voz en los medios para que la población sea consciente de la situación. Los ciudadanos de nuestra comunidad merecen una atención de calidad y accesible durante todos los meses del año proporcionada por médicos cualificados y no por otras categorías. Parece que la única solución que se les ocurre a nuestros gobernantes es que el paciente no pueda acceder a la atención médica y sea atendido por otro personal que no ha recibido la misma formación. ¡Quizás sea porque así ahorran dinero! 

Sabemos que no existen soluciones mágicas, pero son nuestros gobernantes los que tienen la obligación legal y moral de trabajar para conseguir el suficiente consenso y los suficientes medios que garanticen el fin de esta carencia progresiva de profesionales médicos.

Y si la guerra entre comunidades ya se ha producido, Andalucía deberá ganarla y si para ello debe aumentar el porcentaje del PIB que se invierte en sanidad, mejorar las condiciones laborales, ofertar incentivos realmente atractivos u ofrecer complementos retributivos por encima de los que ofrecen otras comunidades, la Junta de Andalucía tendrá que hacerlo. Solo así evitaremos que en los próximos veranos la situación sea igual o peor que la actual.

¡Por el derecho a nuestro descanso y por el derecho de nuestros ciudadanos a su atención sanitaria, exigimos soluciones ya!

Comité Ejecutivo SMA