Los recientes acontecimientos de Cataluña han recordado a la población española la injusticia que supone que las retribuciones de policías nacionales y guardias civiles sean inferiores a las e sus homólogos autonómicos. La relevancia de los acontecimientos y la importancia de la función que estos cuerpos policiales han desempeñado en ellos han resaltado la legitimidad de sus reivindicaciones. Pero estos empleados públicos no son los únicos discriminados en nuestro país. Los médicos andaluces, como el resto de los profesionales sanitarios de nuestra comunidad, llevamos décadas denunciando que nuestros sueldos son muy inferiores a los de nuestros compañeros de otras comunidades autónomas.

Haciéndose eco de nuestras demandas, el partido Popular ha propuesto en el Parlamento andaluz y en el Senado la homologación de las retribuciones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, no ha adoptado ninguna medida el Gobierno, que sí tiene capacidad efectiva de promover acuerdos y dirigir la política sanitaria española. Otros partidos son víctimas de contradicciones similares. El PSOE defiende en Madrid la sanidad pública frente a las privatizaciones, pero Andalucía, donde gobierna, es la comunidad que menos invierte en sanidad y posee uno de los índices más altos de camas privadas por habitante. Ciudadanos y podemos no han alcanzado las responsabilidades de gobierno de los partidos anteriores, pero son vulnerables a las mismas críticas. En todos los casos, el discurso sobre la sanidad está vinculado a estrategias partidistas, a menudo de marcado carácter territorial. Mientras tanto, los problemas estructurales quedan sin abordar, enturbiados por argumentos parciales y planteamientos interesados.

Las desigualdades salariales de los médicos españoles en las diversas comunidades autónomas son consecuencia (y no, por cierto, la más grave) de la desigualdad en los fondos que sus gobiernos dedican a sanidad. Estás, a su vez, se explican no solo por problemas de financiación, sino también por razones ideológicas. Los gobiernos autonómicos anteponen sus inclinaciones dogmáticas y sus estrategias electorales a la defensa de los derechos de los ciudadanos y a la promoción de su igualdad efectiva. En Andalucía esto provoca que la población reciba una asistencia sanitaria de peor calidad que en otras comunidades y que los médicos tengamos las retribuciones más bajas el país, a pesar de que nuestra cualificación y trabajo sean idénticos. Ciudadanos y profesionales pagamos el precio de la mala política.

La asistencia sanitaria absorbe gran parte del presupuesto de los estados desarrollados, pero en lugar de estudiar las causas de este fenómeno y afrontarlo con medios que garanticen la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria en toda España, los partidos realizan análisis sesgados, teñidos de prejuicios, que no abordan los problemas de fondo. Las comunidades no coordinan sus políticas sanitarias porque los partidos que las gobiernan utilizan la sanidad como arma electoral o como instrumento de poder. En lugar de establecer mecanismos de control que garanticen la equidad y la eficiencia de las prestaciones sanitarias en todo el país, se enzarzan en batallas propagandísticas plagadas de promesas que en muchos casos quedarán sin cumplir. En lugar de exigir las mismas condiciones laborales para los profesionales sanitarios en toda España, que eviten su fuga de las comunidades que pagan peor, convierten las reivindicaciones de aquellos en argumentos de la confrontación política. En lugar de incorporar a los profesionales al debate sobre la contención del gasto sanitario, los excluyen de un modelo de gestión en el que los intereses políticos imponen una interpretación oficial de la realidad ajena al análisis objetivo de los datos. En lugar, en fín, de reconocer las deficiencias del sistema y buscarles solución, se esconden tras eslóganes hueros, mientras los ciudadanos deben recurrir a seguros privados para suplir las deficiencias el sistema público.

El deterioro de la sanidad española en los últimos años ha sido notable. Los mismos problemas afectan en mayor o menor medida a todo el país. Pero la crisis ha disparado las desigualdades entre comunidades y ha acrecentado los esfuerzos de nuestros políticos por ocultar la verdadera dimensión del reto al que nos enfrentamos. Es urgente excluir a la sanidad de la lucha partidista y sentar las bases de un modelo sanitario nacional que acabe con la desigualdad y la falta de transparencia, que excluya los aspectos esenciales del sistema de la pugna electoral. Necesitamos una sanidad bien financiada y condiciones laborales iguales para los profesionales en toda España, un modelo de sanidad pública que cuente con el respaldo de la mayoría de los partidos, la garantía de que la calidad de la asistencia que recibe cada paciente no depende de la comunidad autónoma en la que vive. Cada día perdido en alcanzar este imprescindible Pacto por la Sanidad contribuye al deterioro de nuestro sistema sanitario y hace más costosas las reformas que requiere.

Rafadel Ojeda Rivero es presidente del Sindicato Médico de Sevilla y Vocal de Atención Hospitalaria del Sindicato Médico Andaluz.    

Fuente: ABC Sevilla