Razones para el desengaño: los ocho puntos clave en los que el SAS da la espalda a sus facultativos
Nuestras demandas de mejoras imprescindibles son tachadas de desmedidas, mientras el desapego hacia el sistema sanitario público crece entre los facultativos más jóvenes y el Sindicato Médico es excluido de las negociaciones con la Administración.
A pesar de las esperanzas depositadas en el cambio político de 2018 en Andalucía, casi cinco años después todo sigue igual. Mejoras como el fin de la exclusiva, el incremento retributivo de las guardias o la continuidad asistencial en Atención Primaria solo fueron implantadas tras meses de protestas y movilizaciones, a pesar de su carácter de compromiso electoral. Tras ellas, el SAS ha dado la espalda a sus médicos. He aquí ocho demandas clave que el SAS ignora. Estas son las razones de nuestro desengaño.
- Equiparación retributiva de los médicos de Atención Primaria y Hospitalaria. Los médicos de familia y pediatras de AP cobran en concepto de Formación, Responsabilidad y Penosidad (FRP) menos que ningún otro colectivo de la AP. También cobran menos que sus compañeros de Atención Hospitalaria, a pesar de que tienen la misma cualificación y especialización que ellos. El SAS se niega a abordar esta cuestión amparándose en excusas ridículas, pero la verdadera razón es la falta de voluntad política. Su plan es poner la AP en manos de la enfermería, a través de unas consultas de acogida que no funcionan, cuestan cientos de millones de euros al año y constituyen un fraude a la población andaluza.
- Abordaje de la situación de los Dispositivos de Apoyo (DA) y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Los DA son contratos en los que el médico no está vinculado a un centro de salud, sino a un distrito. Esto permite al SAS moverlo a capricho de un centro a otro, avisándole a veces con horas de antelación, sometiéndolo a desplazamientos y cambios de turno constantes y negándole la más mínima estabilidad laboral y la posibilidad de ejercer de manera satisfactoria su profesión. La mayoría de ellos se ocupan de atender los SUAP, un ámbito en el que reina el caos, el maltrato laboral y retributivo y la desigualdad entre colectivos. La anterior Administración se negó durante décadas a abordar este desastre. La actual, también.
- Mejoras en Atención Hospitalaria. Las reivindicaciones de este colectivo son difíciles de sistematizar a causa de su heterogeneidad. Sin embargo, la decepción en el ámbito hospitalario no es menor que en AP. La sobrecarga asistencial, con consultas y quirófanos que se prolongan habitualmente más allá de la jornada laboral, la falta de regulación de las guardias localizadas, convertidas en una forma de explotación laboral, los turnos de tarde y desplazamientos carentes de compensación retributiva alguna o la obligatoriedad de las continuidades asistenciales son solo algunos de los problemas que afectan a este sector.
- Mejoras del Cuerpo Superior Facultativo (A4). Los farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo son los eternos olvidados del SAS. Su jornada, retribuciones y condiciones laborales son las peores entre los profesionales con una titulación equivalente. Estos facultativos cobran menos en concepto de carrera profesional y llevan años sin que se actualicen sus plantillas. Son esenciales en el ámbito de la salud pública, pero el SAS los trata como a trabajadores de segunda.
- Incentivos en puestos de difícil cobertura. Los centros de salud y hospitales alejados de las capitales tienen graves dificultades para cubrir las plantillas médicas. Aunque el SAS ha puesto en marcha medidas para paliar este problema, se niega a instaurar incentivos económicos que atraigan a los facultativos a estos centros. La solución pasa por reconocer que no nos encontramos ante un problema general, sino específico de los servicios médicos, y por establecer soluciones basadas en la incentivación y la voluntariedad, y no en la presión o el chantaje a los especialistas más jóvenes.
- Creación de un nuevo modelo de carrera profesional. En Andalucía, a diferencia de lo que ocurre en otras CC. AA., la carrera profesional está vinculada a la acreditación de competencias, un requisito más burocrático que clínico que solo afecta a facultativos y personal de enfermería. Todas las modificaciones llevadas a cabo en el modelo de carrera han mantenido esta discriminación, han dejado fuera a los trabajadores temporales (en contra de una amplísima jurisprudencia en sentido contrario) y han perpetuado diferencias de trato al permitir el acceso a determinados niveles “por una sola vez”, creando diferencias retributivas permanentes sin relación con los méritos personales.
- Mejoras de los Especialistas Internos Residentes. Otro colectivo históricamente menospreciado, tratado a menudo más como mano de obra barata que como profesionales altamente cualificados. Las presiones de los directivos para supeditar su formación a las necesidades asistenciales son constantes, así como su exclusión de derechos que amparan al resto de los trabajadores, como el cobro de trienios o de carrera profesional. Todo ello, preámbulo de la precariedad que los aguarda al terminar la especialidad, con contratos de meses, a menudo condicionados a la aceptación de condiciones leoninas.
- Otras reivindicaciones. Una relación de todos los colectivos agraviados por el SAS sería interminable. Odontólogos, epidemiólogos, médicos del trabajo, médicos de los centros de transfusiones o técnicos de salud requieren mejoras no menos acuciantes que las anteriores. Discriminación retributiva, malas condiciones de trabajo o menosprecio a su papel dentro del sistema sanitario son agravios que también afectan a estos colectivos. Además, no podemos olvidar problemas comunes al conjunto de los trabajadores del SAS, como el desastre de la Bolsa de Empleo, que lleva desde 2021 sin ser actualizada, la falta de transparencia y la progresiva merma del CRP o el aumento imparable de las agresiones, un gravísimo problema que encuentra un caldo de cultivo propicio en la falta de recursos y que el SAS pretende paliar con medidas cosméticas como el inoperante Observatorio de Agresiones, recientemente constituido.
En el terreno de la sanidad, el cambio político de 2018 ha resultado decepcionante. Los médicos seguimos siendo tratados más como un obstáculo a los designios de la burocracia política que como un elemento clave del sistema sanitario. Nuestras demandas de mejoras imprescindibles son tachadas de desmedidas, mientras el desapego hacia el sistema sanitario público crece entre los facultativos más jóvenes y el Sindicato Médico es excluido de unas negociaciones en las que se privilegia al resto de las organizaciones sindicales.
El nuevo Gobierno andaluz surgido de las urnas sigue careciendo, casi cinco años después de alcanzar el poder, de un plan explícito para la sanidad pública, de cuadros directivos y técnicos propios y, sobre todo, de un equipo solvente al frente de la Consejería de Salud, que, no lo olvidemos, gestiona un tercio del presupuesto de la comunidad.
La voluntad del Sindicato Médico es contribuir a las mejoras que necesita el Sistema Sanitario Público Andaluz, pero estas nunca llegarán si no se producen cambios profundos en la gestión de la sanidad pública. Apelamos a quien los tiene en su mano.