Los resultados de la OPE 2013-2015 siguen sin salir. Esto ya no nos sorprende. El SAS ha incumplido prácticamente todos los plazos de oposiciones y traslados que podía incumplir. Con respecto a la resolución de esta OEP, se comprometieron a tenerla resuelta antes del verano, pero estamos a finales de octubre y los listados definitivos siguen sin publicarse.

En este caso, el perjuicio a los médicos no consiste únicamente en el retraso injustificable en la resolución de la OPE, sino en el hecho de que se va a celebrar el examen de la siguiente sin que sepan con seguridad si han obtenido plaza en la anterior (como ya ocurrió con las categorías de Médico de Familia y Pediatra de Atención Primaria). Muchos compañeros se verán obligados a desplazarse y a pasar la noche fuera de casa, a pasar por las molestias y el estrés de un nuevo examen, aun habiendo obtenido plaza en la OPE 2013-15.  

Una vergüenza. Otra más. Nos tratan como a cosas sin derechos, sin problemas y ocupaciones personales, sin dignidad. Les importa un pimiento que tengamos que molestarnos para nada, que tengamos que invertir nuestro tiempo y nuestro dinero para realizar un nuevo examen inútil.

Cabe preguntarse qué podemos hacer ante una Administración que incumple sus promesas, sus pactos y sus leyes.  Qué hacer con una Administración incapaz de resolver una oposición antes de celebrar el examen de la siguiente. Qué hacer ante una Administración que se resiste a cumplir las sentencias judiciales, que paraliza sus procedimientos administrativos (como la carrera profesional) de manera arbitraria. Nos exigís que hagamos algo, pero es difícil luchar contra quien ejerce el poder de este modo irresponsable.

No podemos responder a esta conducta con más irresponsabilidad. No podemos emprender acciones que pudieran paralizar la resolución de la OPE 2013-15, en curso, o poner en riesgo la celebración de la OPE 2017. Comprendemos la frustración y el enfado de los compañeros que van a tener que examinarse sabiendo que quizás su esfuerzo sea inútil porque ya tienen plaza, pero hay un único responsable de este nuevo escarnio: la Junta.

No podemos ir más allá en nuestros juicios, ni disponemos en este caso de más armas que la razón que nos asiste. Ante una Administración que se niega a tratar con respeto a los ciudadanos a los que debe servir, a respetar las instituciones y procedimientos del Estado de Derecho, incumpliendo hasta las normas y directrices que ella misma dicta, solo nos queda reconocer nuestra indignación y sentimiento de impotencia, ¡pero no nos va a callar!

Comité Ejecutivo SMA